Avanza en el Congreso un proyecto para garantizar las prestaciones y el financiamiento en discapacidad

La iniciativa, que llegó en revisión desde la Cámara de Diputados, plantea dejar atrás el esquema de emergencia y establecer un régimen permanente de financiamiento y prestaciones para las personas con discapacidad. El texto fue puesto a la firma de los senadores al finalizar el encuentro, en el que también se analizaron otras dos propuestas vinculadas con la continuidad de las políticas públicas para el sector.

El debate se desarrolló en el Salón Azul y estuvo encabezado por los titulares de ambas comisiones, Agustín Monteverde (La Libertad Avanza) y Alicia Kirchner (Justicialista). Durante la reunión, Kirchner advirtió sobre la necesidad de avanzar con la sanción de una nueva normativa, al recordar que la legislación vigente vence el próximo 31 de diciembre.

Qué cambios propone la ley de fortalecimiento del sistema de discapacidad

El proyecto mantiene las principales garantías establecidas por la Ley 27.793 e incorpora distintas herramientas para darle continuidad y previsibilidad al sistema.

Entre sus puntos centrales, contempla un cronograma para regularizar las deudas con los prestadores, la compatibilidad de las pensiones no contributivas con el empleo formal —bajo determinados límites de ingresos— y la continuidad del programa Incluir Salud.

Además, establece un piso de financiamiento en términos reales y prevé la participación del Consejo Federal de Discapacidad (CoFeDis) en el diseño de las políticas públicas destinadas al sector.

La iniciativa también incorpora garantías para las personas cuyos beneficios puedan ser suspendidos. En esos casos, establece un plazo de 60 días para presentar los descargos, con el objetivo de resguardar sus derechos durante el procedimiento.

Las diferencias entre oficialismo y oposición durante el debate

Durante el plenario también se pusieron a consideración otros dos proyectos presentados por senadores del bloque Justicialista. Anabel Fernández Sagasti propuso prorrogar la emergencia establecida por la Ley 27.793, mientras que Carlos Linares planteó extenderla en todo el país hasta el 31 de diciembre de 2027.

Linares decidió retirar su iniciativa y consideró que el texto que obtuvo media sanción en Diputados representa "lo más cercano que tenemos ahora", aunque aclaró que "no es lo ideal". Según explicó, tomó esa decisión para evitar incertidumbres entre los distintos colectivos vinculados con la discapacidad.

Desde el oficialismo, Patricia Bullrich defendió la propuesta al señalar que busca ofrecer una solución definitiva y dejar atrás la emergencia. Sostuvo que el régimen permanente permitirá brindar previsibilidad sobre la continuidad de los tratamientos y tranquilidad a las personas con discapacidad y sus familias.

En la misma línea, Bartolomé Abdala destacó la posibilidad de avanzar hacia una ley permanente y valoró el diálogo que permitió alcanzar un texto aprobado por amplia mayoría en la Cámara de Diputados.

Sin embargo, la senadora Alejandra Vigo cuestionó el proyecto y lo calificó como "bastante oportunista". Entre sus objeciones, señaló que no fueron consultadas todas las organizaciones y responsables de la atención de personas con discapacidad y advirtió sobre posibles omisiones vinculadas con las convenciones internacionales suscriptas por la Argentina.

Por su parte, Juliana Di Tullio coincidió con los cuestionamientos de Vigo, aunque anticipó que su bloque acompañaría la firma del dictamen ante la proximidad del cierre del período de sesiones ordinarias. Aclaró que ese respaldo no implica que el espacio deje de impulsar otras acciones en defensa de los derechos del sector.

El financiamiento, uno de los puntos centrales para su implementación

Otro de los aspectos destacados durante la reunión fue la necesidad de garantizar los recursos para poner en marcha la futura normativa.

La senadora radical Mariana Juri manifestó su satisfacción por el avance del dictamen, pero remarcó que será necesario coordinar con la Cámara de Diputados para asegurar que los fondos destinados a la implementación de la ley estén contemplados en las partidas del Presupuesto Nacional.

De esta manera, el proyecto dio un nuevo paso en el Congreso, aunque todavía deberá continuar su recorrido legislativo. El objetivo de la iniciativa es establecer un marco de financiamiento y prestaciones de carácter permanente, en un contexto marcado por el vencimiento de la normativa de emergencia y las diferencias políticas sobre el alcance de las garantías que debe ofrecer el Estado.