Funcionarios judiciales debaten en Mar del Plata sobre terrorismo y nuevas tecnologías

Con una nutrida asistencia, la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Mar del Plata fue escenario de la jornada “Terrorismo internacional y su financiamiento”, un encuentro que reunió a fiscales, especialistas y docentes para debatir sobre los nuevos escenarios del terrorismo global, su vínculo con el crimen organizado y el impacto de las tecnologías emergentes.

El evento contó con la participación de los cotitulares de la Secretaría de Análisis Integral del Terrorismo Internacional (SAIT) de la Procuración General de la Nación, Juan Manuel Olima Espel y Armando Antao Cortez, además del fiscal general Daniel Eduardo Adler, quien coordina la Fiscalía de Distrito Mar del Plata.

En la apertura, el docente Flavio Farinella destacó que el terrorismo es “uno de los desafíos más grandes de este siglo”, señalando su relación directa con las redes del crimen organizado.
Por su parte, Adler subrayó que los Estados deben reforzar la prevención y la cooperación internacional:

“La prevención implica llegar antes que el daño. Un daño, en estos casos, inconmensurable por sus consecuencias letales”, afirmó.

Datos y tendencias: el mapa del terrorismo en Argentina

El fiscal Juan Manuel Olima Espel presentó estadísticas que reflejan un crecimiento de las investigaciones judiciales en materia de terrorismo desde la creación de la SAIT en 2018.

De las 65 causas registradas en el país, 48 se iniciaron después de la creación del área, lo que representa un 73,8% del total.

La provincia de Buenos Aires lidera el ranking con 30 casos, seguida por CABA (17) y Río Negro (4).

Además, Olima Espel destacó que el fenómeno se ha transformado con el uso de criptoactivos y redes sociales, herramientas que hoy facilitan tanto la financiación como el reclutamiento digital. Mencionó también los riesgos asociados a la gamificación, los discursos extremistas amplificados por algoritmos y la manipulación mediante deepfakes.

Crimen organizado y terrorismo: vínculos y respuestas

El especialista Armando Antao Cortez profundizó en la interconexión entre organizaciones criminales y terroristas, citando la Resolución 2195 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que insta a los Estados a coordinar políticas para combatir ambos fenómenos.

Planteó que mientras el crimen organizado opera como un modelo de negocios, las agrupaciones terroristas se configuran como organizaciones políticas, pero cada vez comparten más mecanismos financieros y logísticos.

El financiamiento del terrorismo, bajo la lupa judicial

El cierre del encuentro estuvo a cargo de la fiscal federal Laura Mazzaferri y el juez de Garantías Santiago Antonio Inchausti, quienes analizaron la legislación nacional e internacional vigente, incluyendo la ley 27.739 y las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

Ambos coincidieron en que la prevención y el desfinanciamiento son herramientas centrales para reducir la amenaza terrorista, en un contexto donde el lavado de activos y las criptomonedas plantean nuevos desafíos regulatorios.