Prestadores de Mar del Plata advierten que la emergencia en discapacidad continúa

A un año de la primera sanción de la Ley de Emergencia en Discapacidad, Prestadores Unidos Mar del Plata volvió a poner el foco en la situación que atraviesa el sector y advirtió que, pese al reconocimiento oficial de la emergencia, los principales problemas vinculados al financiamiento y al funcionamiento del sistema continúan sin resolverse.

A través de un comunicado, la organización sostuvo que la sanción de la ley significó el reconocimiento de una problemática que venía siendo planteada por personas con discapacidad, familias, instituciones y prestadores, pero cuestionó que, un año después, esa declaración no se haya traducido en una solución de fondo.

"La emergencia continúa. Lo que sigue ausente es la respuesta del Estado", señalaron desde Prestadores Unidos Mar del Plata.

Entre los principales reclamos, la entidad planteó la necesidad de recomponer el financiamiento del sistema, actualizar el nomenclador y recuperar el poder adquisitivo perdido durante los últimos años. Según expresaron, esa recomposición "nunca ocurrió" y el atraso histórico del sector continúa afectando a quienes brindan las prestaciones.

Desde la organización también cuestionaron los incrementos registrados durante los últimos meses. De acuerdo con su planteo, los aumentos acumulados en el último semestre habrían alcanzado aproximadamente los $3.000 por prestación, una cifra que consideran insuficiente frente a la evolución de los costos de salarios, alquileres, servicios, cargas sociales, seguros e insumos.

Otro de los puntos señalados está relacionado con las compensaciones económicas previstas por la Ley de Emergencia. Prestadores Unidos Mar del Plata aseguró que miles de profesionales realizaron las presentaciones requeridas y que, según indicaron, esos pagos todavía no se habrían efectivizado.

"Los prestadores cumplimos. El Estado aún no", afirmaron.

Reclamos por demoras y falta de previsibilidad

En el comunicado, la organización también mencionó dificultades vinculadas con las autorizaciones, el pago de las prestaciones y la continuidad de los tratamientos.

Según indicaron, persisten demoras en las autorizaciones, recortes de prestaciones que consideran injustificados y pagos fuera de término. Además, señalaron que algunos prestadores reciben como respuesta de determinadas obras sociales que los fondos todavía no fueron transferidos por los organismos correspondientes.

"Otra vez, quienes esperan son las familias. Otra vez, quienes financian el sistema son los profesionales. Otra vez, quienes soportan las consecuencias son las personas con discapacidad", expresaron.

En ese contexto, Prestadores Unidos Mar del Plata sostuvo que el sistema requiere algo más que actualizaciones periódicas y reclamó políticas públicas que permitan garantizar previsibilidad tanto para las familias como para las instituciones y los profesionales que trabajan en el área.

"La discapacidad ya no necesita más diagnósticos. Necesita decisiones", concluyeron desde la organización.