La izquierda pidió a Kicillof frenar la participación policial en el desalojo en FATE

El diputado nacional Christian Castillo reclamó al gobernador Axel Kicillof que la Policía Bonaerense no participe del desalojo de la planta de FATE, ubicada en Virreyes, partido de San Fernando, donde trabajadores permanecen desde febrero en el marco del conflicto por el cierre de la fábrica.

El planteo se produjo luego de que la Sala II de la Cámara de Apelaciones y Garantías de San Isidro ordenara el desalojo y la restitución del inmueble a la empresa. 

Castillo, integrante del Frente de Izquierda, sostuvo en X que los trabajadores llevan siete meses defendiendo sus puestos y cuestionó la actuación de la empresa, a la que acusó de llevar adelante un “lock out ofensivo”. 

El reclamo de Castillo al gobierno bonaerense

En su publicación, el legislador sostuvo que la Provincia debería utilizar distintas herramientas para intervenir en el conflicto. Entre ellas mencionó que la Policía Bonaerense no participe del desalojo, la intervención del Ministerio de Trabajo provincial y el tratamiento urgente de un proyecto de ley de ocupación temporal impulsado por los trabajadores.

“Estamos ante un reclamo laboral, no ante un tema penal”, planteó Castillo, quien también cuestionó que el gobierno de Kicillof no haya recibido a los trabajadores ni impulsado, según su versión, una alternativa frente al cierre de la planta.

El diputado también afirmó que los trabajadores solicitaron en reiteradas oportunidades una audiencia con el gobernador y señaló que la Legislatura bonaerense tiene pendiente el tratamiento de una iniciativa vinculada con la ocupación temporal de la fábrica.

Castillo cerró su planteo con un llamado al gobierno provincial para que intervenga en el conflicto y evitó que la discusión quede circunscripta al cumplimiento de la orden judicial, al sostener que la prioridad debe estar puesta en la continuidad de los puestos de trabajo y de la actividad productiva.

Los trabajadores de FATE están hace siete meses resistiendo en defensa de sus puestos de trabajo. Ahora la justicia quiere desalojarlos, cuando la ilegalidad es de la empresa que está haciendo un lock out ofensivo. El gobierno de la provincia habla contra el industricidio pero…

— Christian Castillo (@chipicastillo) September 21, 2026