Ferraro cuestionó los recortes en discapacidad del Presupuesto 2027

El diputado nacional de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, cuestionó las modificaciones incluidas en el proyecto de Presupuesto 2027 que afectan al sistema de prestaciones para personas con discapacidad. Durante una entrevista con Radio Brisas, el legislador criticó las medidas impulsadas por el Gobierno nacional y reclamó que el Congreso revise las prioridades del gasto público.

La discusión se centra en los cambios propuestos para las prestaciones de salud, el nomenclador, las pensiones no contributivas y la relación entre el acceso a los beneficios y la inclusión laboral. El proyecto enviado por el Poder Ejecutivo generó cuestionamientos de sectores de la oposición y de legisladores que plantearon reparos a su contenido.

Ferraro sostuvo que las modificaciones podrían afectar derechos y prestaciones esenciales para las personas con discapacidad y sus familias. Uno de los principales cuestionamientos del diputado estuvo dirigido al nomenclador de prestaciones básicas, que establece referencias para los valores de los servicios destinados a personas con discapacidad.

Ferraro señaló que la propuesta del Gobierno buscaría modificar la homogeneidad del nomenclador, un sistema que permite establecer criterios comunes para las prestaciones brindadas a través de obras sociales, empresas de medicina prepaga y los sistemas públicos de salud.

“Han decidido no frenar con respecto al desfinanciamiento de las universidades nacionales, de lo científico y tecnológico de la Argentina”, expresó el legislador, quien vinculó esta discusión con otras áreas del presupuesto nacional. En relación con discapacidad, sostuvo que la modificación podría poner en riesgo la continuidad de prestaciones vinculadas con tratamientos de salud, terapias y transporte para personas que necesitan estos servicios.

Según explicó Ferraro, el esquema vigente busca sostener una referencia común para las prestaciones, independientemente de si la persona recibe atención mediante una obra social, una prepaga o el sistema público de salud.

El diputado cuestionó que se pueda alterar ese criterio y advirtió sobre las consecuencias que podría tener para las familias y los prestadores. Su planteo se relaciona con la necesidad de garantizar que los tratamientos y servicios requeridos por las personas con discapacidad mantengan condiciones de acceso y financiamiento adecuadas. El alcance definitivo de los cambios depende del texto legislativo que se discuta y de las modificaciones que eventualmente se incorporen durante el tratamiento parlamentario.

La pensión por discapacidad y la inclusión laboral

Otro de los puntos destacados por Ferraro fue la compatibilidad entre las pensiones no contributivas por discapacidad y el trabajo registrado. El legislador cuestionó la intención que atribuyó al Gobierno de modificar las condiciones de acceso y compatibilidad de las pensiones, y sostuvo que la normativa vigente permitía que una persona beneficiaria pudiera incorporarse al mercado laboral bajo determinados límites de ingresos.

“Si una persona cobraba la pensión podía insertarse en el mundo laboral hasta dos salarios desde el monotributo”, afirmó durante la entrevista.

El tema forma parte de la discusión sobre cómo garantizar que las personas con discapacidad puedan acceder a un empleo sin perder automáticamente las prestaciones que necesitan. Las condiciones concretas de compatibilidad deben verificarse en el texto actualizado del proyecto y en las disposiciones que finalmente se aprueben.

El reclamo por la continuidad de los derechos

Ferraro sostuvo que los cambios previstos podrían afectar la protección social de las personas con discapacidad y cuestionó que se avance sobre un sistema de prestaciones que considera fundamental.

El diputado planteó que el debate parlamentario debe contemplar las necesidades de las personas que dependen de tratamientos, apoyos y servicios de atención integral. También reclamó que las decisiones presupuestarias tengan en cuenta el impacto sobre las familias y los prestadores.

La discusión legislativa continúa abierta y el contenido final de las modificaciones dependerá del tratamiento en las comisiones y del debate en el Congreso.