sábado 14 de noviembre de 2026
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Buscan incorporar al Código Rural bonaerense sanciones contra la caza furtiva en campos privados

Un proyecto presentado en la Legislatura bonaerense busca prohibir la caza furtiva y sancionar a quienes utilicen armas o perros para perseguir animales silvestres. Por ahora, su tratamiento quedó en suspenso.

La Comisión de Ambiente de la Cámara de Diputados provincial resolvió demorar el avance de un proyecto de la Coalición Cívica que propone penalizar esta práctica. La intención es incluir sus disposiciones en una futura actualización de la normativa rural.

La caza furtiva en establecimientos rurales privados quedó en el centro de una discusión legislativa en la provincia de Buenos Aires. La Comisión de Ambiente de la Cámara de Diputados decidió postergar el tratamiento de una iniciativa que busca frenar el ingreso de cazadores sin autorización a campos particulares y establecer sanciones para quienes participen de estas actividades.

El proyecto fue presentado por el diputado Luciano Bugallo, con el acompañamiento de Andrés De Leo, presidente del bloque de la Coalición Cívica. Sus impulsores advierten sobre el crecimiento de grupos que entran a propiedades rurales para perseguir y capturar animales silvestres, una situación que también puede generar riesgos para las personas que viven o trabajan en esos lugares.

La propuesta contempla prohibir de manera explícita la caza sin permiso dentro de predios privados. Además, busca que las restricciones alcancen a quienes utilizan armas de fuego y perros para rastrear, perseguir, acorralar o capturar ejemplares de la fauna silvestre.

Sin embargo, el debate tomó un camino diferente al previsto inicialmente. En la comisión consideraron que las herramientas planteadas podrían incorporarse a una reforma del Código Rural bonaerense, en lugar de aprobar una ley específica sobre la materia.

De esta manera, el tratamiento quedó en espera mientras se evalúa cómo integrar un régimen de prohibiciones y sanciones dentro de la legislación vigente. El objetivo es contar con un marco normativo que permita intervenir frente a estas prácticas y brindar mayor protección tanto a la fauna como a quienes desarrollan actividades en establecimientos rurales.