Fallo contra las franquicias inmobiliarias: "Este precedente defiende a los profesionales y protege al ciudadano"

El martillero público Diego del Valle se refirió al reciente fallo judicial que declaró la ilegalidad del funcionamiento de franquicias inmobiliarias, y lo calificó como un precedente clave para la actividad profesional en todo el país.

En diálogo con Daniel Temperoni en Radio Brisas, destacó el valor de la sentencia y advirtió sobre los riesgos de operar con sistemas que no respetan la normativa profesional.

"Este fallo es ejemplar. No solo pone en evidencia cómo operan algunas franquicias, sino que también defiende el valor de la formación, la matrícula y el ejercicio profesional en regla", afirmó del Valle.

Según explicó, el caso surgió a partir de una denuncia de un particular, quien fue abordado por un supuesto agente que pretendía cobrar honorarios tanto al vendedor como al comprador de una propiedad sin haber tenido contacto alguno con las partes ni con el inmueble.

"El fallo deja al descubierto un modus operandi: se presentan como intermediarios sin estar matriculados, sin conocer a los involucrados, y sin asumir responsabilidades", remarcó.

Del Valle valoró especialmente el análisis de los jueces en el dictamen: "En las 15 carillas del fallo, sobre todo en la exposición de dos jueces, se destaca la comprensión profunda del rol profesional. Incluso se menciona el peligro de estos esquemas en cualquier ámbito profesional, no solo el inmobiliario".

Además, señaló que este tipo de franquicias generan un vacío legal preocupante: "Niegan tener empleados, no reconocen vínculos laborales y deslindan cualquier responsabilidad. Cuando ocurre una mala praxis, el cliente queda completamente desprotegido", advirtió.

El martillero subrayó la importancia de recurrir siempre a profesionales habilitados y conocer de forma directa a la persona con la que se va a operar: "Es clave saber con quién se está tratando, conocer su nombre, apellido y estar frente a alguien que responda si algo sale mal. Ningún 'broker' ni colaborador puede cobrar honorarios si no está debidamente registrado y autorizado".

Finalmente, destacó el impacto positivo de este fallo para el público general: "Esto ayuda al ciudadano. Sienta jurisprudencia y refuerza la necesidad de regular y proteger el ejercicio profesional serio y ético".

"El Estado tiene el deber de controlar y sancionar este tipo de prácticas que, además de ilegales, ponen en riesgo a quienes confían su patrimonio a intermediarios que no están habilitados", concluyó.