viernes 26 de junio de 2026
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Tragedia del Skatepark: cuestionan la pericia mecánica y reclaman que el colectivo permanezca bajo resguardo

La defensa de la familia de la víctima pidió que el colectivo no sea entregado hasta que pueda realizarse una pericia de parte y se garantice la participación de su perito en las actuaciones técnicas.
viernes 26 de junio de 2026

La familia de Guadalupe Oriana Merlos, la joven que murió tras ser embestida por un colectivo días atrás en la costa de Mar del Plata, presentó un escrito ante la Fiscalía para solicitar la suspensión de la pericia mecánica que se realizó este viernes sobre la unidad involucrada y que el colectivo no sea entregado, ya que realizará una pericia de parte el próximo lunes.

La presentación fue realizada por Natalia Soledad Di Pietro, madre de la víctima, junto al abogado Fernando Maximiliano Orsini, en el marco de la investigación penal. Allí sostienen que la pericia oficial fue fijada para el 26 de junio, apenas dos días después de haber sido notificados, lo que —afirman— vulnera el plazo de tres días previsto por el artículo 247 del Código Procesal Penal bonaerense para que las partes puedan designar un perito de control.

En ese sentido, la familia designó como perito de parte al licenciado en Accidentología y Prevención Vial Gustavo Eduardo Hollmann, quien intervendrá una vez garantizado el ejercicio de ese derecho procesal. Asimismo, solicitaron que se reprograme la pericia para permitir su participación y advirtieron que, de concretarse la diligencia en las condiciones actuales, pedirán la nulidad de la prueba y de todos los actos que deriven de ella.

Además, el escrito solicita expresamente que no se disponga la entrega del colectivo involucrado, ya que la familia llevará adelante una pericia mecánica de parte el próximo lunes, con el objetivo de preservar la evidencia y contar con un análisis técnico independiente antes de que la unidad sea liberada.

La defensa sostiene que la realización anticipada de una prueba técnica de esta relevancia sin respetar los plazos legales afecta el derecho de defensa, el debido proceso y la posibilidad de controlar una medida que podría resultar determinante para establecer las circunstancias del hecho que terminó con la muerte de la joven.

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