Régimen Penal Juvenil: el fiscal general de Mar del Plata aseguró que la ley sigue vigente

La decisión judicial que suspendió por 60 días la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil en la provincia de Buenos Aires generó cuestionamientos dentro del Ministerio Público Fiscal. Fabián Fernández Garelli, fiscal general del Departamento Judicial Mar del Plata, aseguró que hasta el momento no recibieron una notificación formal y consideró que la resolución presenta serias dudas sobre su alcance y validez jurídica.

En diálogo con Radio Brisas, Fernández Garelli analizó la medida dictada por el Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N°2 de Lomas de Zamora y sostuvo que una magistrada no puede suspender de manera general la vigencia de una ley para toda la provincia a partir de una situación particular analizada en un instituto de esa jurisdicción.

“Todos coincidimos en que esto de ninguna manera puede estar suspendiendo la vigencia de una ley”, afirmó el fiscal general, luego de intercambiar opiniones con colegas de distintos departamentos judiciales bonaerenses.

Las dudas sobre el alcance de la resolución

Fernández Garelli explicó que la resolución surgió a partir de un hábeas corpus y de una situación vinculada con un instituto de Lomas de Zamora, donde se analizaron cuestiones como sobrepoblación y falta de personal.

Sin embargo, cuestionó que la decisión se haya extendido a todo el territorio bonaerense.

“Una jueza tiene jurisdicción y esa jurisdicción tiene una medida marcada por razones de territorio, de tiempo y de competencia”, señaló.

En ese sentido, planteó que si la magistrada analizó una situación concreta de un instituto de Lomas de Zamora, resulta discutible que la resolución suspenda la aplicación de la normativa en toda la provincia.

El fiscal también cuestionó que, según surge de la resolución, no se habría escuchado previamente al Gobierno bonaerense antes de adoptar la medida.

“El Poder Judicial no puede suspender una ley”

Otro de los principales cuestionamientos planteados por Fernández Garelli tiene que ver con el mecanismo jurídico utilizado. Según explicó, un juez puede declarar la inconstitucionalidad de una norma, pero esa decisión tiene efectos sobre un caso concreto y no implica automáticamente la suspensión general de una ley.

“El Poder Judicial no puede declarar la suspensión de una ley si no declara la inconstitucionalidad”, sostuvo.

Para el fiscal general, la resolución utiliza un mecanismo que no sería propio de las facultades judiciales y debería ser revisado. Además, remarcó que hasta el momento en Mar del Plata no recibieron una comunicación formal que ordene dejar sin efecto la aplicación del nuevo régimen.

“Nosotros de ninguna manera hemos decidido seguir lo que dice esta sentencia, entre otras cosas porque no está formalmente notificada por nadie”, afirmó.

Qué podría ocurrir ahora

Fernández Garelli explicó que el Poder Ejecutivo bonaerense tiene distintas alternativas frente a la resolución judicial. Entre ellas, mencionó la posibilidad de apelar la sentencia para que sea revisada por una instancia superior.

También señaló que el Ejecutivo cuenta con facultades reglamentarias para tomar decisiones sobre la implementación de una norma.

El fiscal recordó que hubo antecedentes en la provincia en los que la puesta en marcha de nuevas estructuras judiciales fue suspendida o postergada por decisión del Poder Ejecutivo hasta contar con los recursos necesarios.

Sin embargo, diferenció aquella situación de la actual y sostuvo que, a su entender, no corresponde que el Poder Judicial suspenda de manera general la vigencia de una ley.

En Mar del Plata ya comenzaron a aplicar el nuevo régimen

Durante la entrevista, Fernández Garelli confirmó que el nuevo régimen comenzó a aplicarse en el Departamento Judicial Mar del Plata desde su entrada en vigencia.

Incluso, señaló que durante el fin de semana ya se registró una intervención judicial vinculada con un adolescente de 15 años.

“Desde el día sábado está en vigencia esto”, indicó.

El fiscal reconoció que existen desafíos y posibles falencias en la implementación, especialmente en materia de recursos y personal para las fiscalías de menores. Según explicó, los fiscales generales de la provincia solicitaron refuerzos para afrontar el aumento de trabajo que podría generar el nuevo régimen.

Entre los pedidos se encuentra la incorporación de uno o dos empleados por fiscalía especializada, aunque hasta el momento no hubo respuesta.

“Primero hay que ver cómo funciona”

A pesar de reconocer que el sistema puede presentar dificultades en su puesta en marcha, Fernández Garelli consideró que esas falencias deben resolverse durante la implementación y no mediante la suspensión general de la normativa.

“Hasta acá la ley rige y es demasiado grave como acto institucional decir que no rija la ley hasta que no me den los recursos”, sostuvo.

El fiscal general planteó que la experiencia de reformas anteriores demuestra que los sistemas judiciales suelen ajustarse a medida que comienzan a funcionar.

“Veamos primero cómo funciona y después veremos si convocamos a las autoridades y les solicitamos que acomoden aquello que haya que arreglar”, expresó.

Finalmente, Fernández Garelli insistió en que una eventual falta de recursos no debería ser motivo suficiente para dejar sin aplicación una ley.

“Si nosotros debiéramos suspender leyes por lo que falta, tendríamos que dejar el Código Penal fuera del Boletín Oficial”, concluyó.